Derecho a la vivienda frente a las situaciones de vulnerabilidad de la unidad familiar

La realidad social en el ámbito de las situaciones de vulnerabilidad y el acceso a la vivienda propició que en el año 2019 se aprobara el Real Decreto-Ley 7/2019 de 1 de marzo (en vigor el día 6 de marzo de 2019) que supone una modificación sustancial de la Ley de Arrendamientos Urbanos en relación a la duración de los contratos de arrendamiento de viviendas, así como al procedimiento de desahucio por falta de pago y por expiración del término convenido modificándose así la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

La nueva redacción que introduce el Real Decreto-Ley añade el apartado 5 al artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en los siguientes términos:

«En los casos del número 1º del artículo 250.1, se informará al demandando de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad.

A los mismos efectos, se comunicará, de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los servicios sociales.

En caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente.

Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es una persona jurídica.

Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de emplazamiento al demandado habrá de contener datos de identificación de los servicios sociales a los que puede acudir el ciudadano

Será pues fundamental poner en conocimiento del juzgado, a través de nuestra contestación/oposición a la demanda, que la unidad familiar se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, si se ha acudido ya con anterioridad a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de residencia, y, por tanto, antes de que se lleve a cabo el lanzamiento de la vivienda,  y la solicitud de aplazamiento o suspensión.

Llegados a este punto, es fundamental resaltar que se procederá a la suspensión, siempre que los servicios sociales remitan el informe de vulnerabilidad al Juzgado, pero que la redacción del artículo citado no establece plazo alguno ni para que el arrendatario acuda a los Servicios Sociales de su localidad ni tampoco para que dichos Servicios Sociales o el organismo competente aprecie la situación de vulnerabilidad. Para ello el plazo será antes de la fecha de celebración del juicio verbal o el lanzamiento.

Así las cosas, es determinante entender que la pretensión de la reforma es que se paralice el lanzamiento hasta que la unidad familiar encuentre una solución a través de los servicios sociales. La pretensión es evitar que queden en situación total de desamparo, viviendo en la calle y sin posibilidad de tener una segunda oportunidad para salir adelante. En ese sentido, el pronunciamiento del artículo es el siguiente: “Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es una persona jurídica“, siendo que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas no puede significar otra cosa que garantizar el acceso a la vivienda por cualquiera de las formas reconocidas en derecho.

Lo cierto es que se debe reconocer que la citada normativa no esta en concordancia con las políticas de vivienda. El reconocimiento de una situación, sin duda es un avance, pero deben existir políticas reales que garanticen la eficacia de ese reconocimiento y de su derecho. En la situación actual, salvo el pago de algunas pequeñas cantidades de dinero para facilitar el pago de un alquiler, no existe una política de vivienda seria, en la normativa Estatal y/o Autonómica que haga efectivo el derecho que procede del reconocimiento de la situación de vulnerabilidad.

Es fundamental hacer un esfuerzo para desarrollar políticas de vivienda encaminadas a garantizar que las personas en riesgo de exclusión social y/ vulnerabilidad económica o social no tengan que acabar en la calle o mas endeudadas como consecuencia de unas políticas que no establezcan un marco jurídico de protección real de los sectores mas desfavorecidos.

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