Criterios del art. 183 quater en relación con los abusos sexuales en las relaciones entre adolescentes

No es del todo infrecuente encontrarnos con supuestos o casos reales en nuestros juzgados en los que de algún modo se persigue como abuso sexual la relación afectivo sexual de dos jóvenes adolescentes sin que medie denuncia o declaración de falta de consentimiento, al existir culturas arraigadas en nuestro País, que inician sus relaciones afectivo sexuales a muy corta edad (13-15 años), manteniendo relaciones sentimentales estables y duraderas en el tiempo. No son la tónica general, sin embargo, la voluntad es de exponer esos casos excepcionales que conducen a dudas a los Letrados noveles en el ejercicio práctico del Derecho.

Es en este marco donde procede el análisis de las relaciones sexuales entre jóvenes adolescentes y sus consecuencias jurídicas de conformidad con la legislación vigente, y siempre que estemos hablando de relaciones consentidas y en el ámbito de una relación de pareja. En la aplicación de los criterios establecidos en artículo 183 quater, consistente en la de determinar a partir de qué edad un menor es lo suficientemente maduro para permitir una relación sexual sana y libre, sin que medie prevalimiento, situación de superioridad o un abuso de poder por parte de un adulto.

Es del todo evidente que los jóvenes, en el marco de sus relaciones personales y sentimentales, acceden a numerosa información a cerca de aspectos o elementos en la práctica de sus relaciones sexuales para que se produzcan en un entorno sano y saludable, en el marco de una experiencia de crecimiento personal. Sin embargo, dicha formación no contiene, como por otra parte podría parecer razonable, una formación jurídica al respecto.

En este sentido, es determinante considerar, no solo las distintas diferencias de edad entre los involucrados en la actividad sexual, sino, también la proximidad y equilibrio, es decir en el desarrollo y la madurez, de aquellos individuos realizan actos sexuales durante la adolescencia. Así las cosas, es posible considerar lícitas las relaciones sexuales consentidas entre menores de 16 años y adultos; cuando se acredite que el consentimiento no se ha visto afectado por la falta de equilibrio de poder, constatándose la semejanza de edad y la proximidad de desarrollo y madurez de los intervinientes en dichas relaciones.

Así mismo, debemos aplicar el principio «summum ius summa iniuria», siendo que una aplicación estricta o excesivamente rígida de la prohibición de realizar actos sexuales con menores de 16 años, puede suponer que se penalice y no proteja a dos jóvenes que, teniendo alguno de ellos menos la edad establecida para prestar el consentimiento, mantengan una relación afectivo sexual, incluso podría conducir a penalizar actitudes en lugar de proteger a los jóvenes. De esta forma estaríamos perjudicando gravemente el acceso a la información responsable de la salud sexual y reproductiva.

Así las cosas, debemos apreciar que el legislador establece una cláusula de exclusión de responsabilidad para aquellos casos en los que el menor de dieciséis años hubiera consentido las conductas descritas en los tipos penales consistentes en la realización de actos sexuales con menores; siempre y cuando, el autor de las conductas hubiera sido una persona próxima a la menor por edad y grado de desarrollo o madurez. Despenaliza, de este modo, aquellas relaciones sexuales mantenidas entre menores de edad o bien entre menor y mayor de edad, siempre y cuando existiera una proximidad en la edad y una madurez, física y mental entre ellos.

Cabe pues poner de manifiesto que será también determinante la existencia de informe del Médico Forense, incluido en las Diligencias, en el que se determine que no existen motivos para considerar que se dé una diferencia en la madurez de ambos que suponga la aplicación estricta de la norma, apreciándose, en ese caso, la proximidad entre ambos por edad y en grado de desarrollo o madurez. Incluido el caso, como se ha dicho, de que uno de ellos sea mayor de edad y el otro menor de 16 años.

Es evidente que, de considerar el Médico Forense que la menor no tuviera un grado de desarrollo o madurez suficiente para consentir la relación afectivo sexual, o dicho de otra manera, hubiese observado una inmadurez suficiente o destacable en relación a la edad de la pareja, lo pondrá de manifiesto en su informe.

En este sentido, debemos estar a la aplicación del artículo 183 quáter, que indica que para algunos de los supuestos señalados se debe excluir la responsabilidad penal, por exclusión del tipo (por concurrencia de consentimiento eficaz) cuando el Juez constate estos requisitos o presupuestos fácticos:

1. CONSENTIMIENTO del Menor y

2. SIMETRÍA (“proximidad”) entre el menor y el autor, referida a: EDAD y al GRADO DE DESARROLLO o MADUREZ.

A todo ello se añade que en la declaración de la menor, prestada libremente y sin presión o coacción alguna, se manifieste que las relaciones en todo momento fueron consentidas, que nunca la forzó y que son pareja. Es de obligada aplicación, en la interpretación del caso concreto para el Ministerio Fiscal, la Circular 1/2017, de 6 de junio, sobre la interpretación del art. 183 quater del Código Penal de la Fiscalía General del Estado, establece que: “El preámbulo de la citada LO (apartado XII) aclara que la elevación de la edad del consentimiento sexual se inscribe en el propósito de atender las recomendaciones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, subrayando que, “de esta manera, la realización de actos de carácter sexual con menores de dieciséis años será considerada, en todo caso, como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez

Destaca igualmente el referido preámbulo que las modificaciones en los delitos contra la libertad sexual obedecen a la necesidad de llevar a cabo la transposición de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo. La Directiva especifica en sus considerandos (20) que “no regula las políticas de los Estados miembros con respecto a los actos de carácter sexual consentidos en los que pueden participar los menores y que pueden considerarse como el descubrimiento normal de la sexualidad en el proceso de desarrollo personal, habida cuenta de las diferentes tradiciones culturales y jurídicas y de las nuevas formas de entablar y mantener relaciones de los menores y adolescentes, incluso mediante tecnologías de la información y la comunicación”.

Siendo que la propia Circular en su pág. 5 incluye que “para menores de 14 y 15 años, ambos inclusive. La protección debe permitir una diferencia de edad que abarque a los jóvenes hasta 20 años inclusive”. Por lo que hace expresa mención a aquellos adolescentes mayores de edad que tienen relaciones afectivo sexuales con menores de 16 años.

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